Hay que defender la vida, la libertad de conciencia pero también la dimensión pública de la fe. Los católicos de EEUU contra el Gobierno Federal.

Nos hemos ocupado  ya de la lucha de los Obispos y de los fieles católicos americanos contra las disposiciones del Department of Health and Human Services. Esta normativa prevé que los dadores de trabajo ofrezcan a los dependientes una seguridad sanitaria, la cual prevé también prácticas de esterilización y adquisición de fármacos abortivos.  Está en juego el valor de la vida, de la libertad de conciencia y de la religión. Recientemente el brazo de hierro se ha enriquecido con otros factores de notable interés. Sobre todo, ha sido la publicación del periódico de la arquidiócesis de Los Ángeles “The Tidings”, en un artículo del arzobispo José Horacio Gómez. Él dijo que las autoridades federales “pretenden tener la competencia y la autoridad para definir lo que es religioso y cómo los creyentes deben expresar sus tareas de fe”. La normativa federal en cuestión admite que los Centros de salud católicos estén exentos de la aplicación sólo en el caso en que los usuarios sean católicos. Esto impediría a los Centros ofrecer las propias prestaciones también a quienes no sean católicos. Esto quiere decir negar el valor público de la religión católica y hacer valer la insostenible pretensión del poder político para dictar leyes en materia de religión. Otro hecho reciente  y muy significativo fue la prohibición hecha a los Capellanes militares de leer durante la misa una carta pastoral que el Ordinario militar, el Obispo Timothy Broglio, había enviado el 26 de enero. Esta carta era muy crítica hacia las nuevas directivas de las autoridades federales en materia de seguridad sanitaria. El Ejercito pretendía que la carta fuera sólo mencionada pero no leída desde el púlpito. El Obispo Broglio  afirmó que se trata de “una violación del derecho constitucional a la libertad de palabra y de religión”. Por último, una tercera actuación fue constituida por la propuesta, presentada por el Gobierno, de cambiar la reforma en un punto: la seguridad sanitaria de los planes de asistencia que deben ser garantizados por los dadores de trabajo, en el caso de instituciones religiosas no deberán ser más pagadas por estas últimas sino por las compañías de seguridad. Dos notas distintas de los Obispos americanos han examinado la propuesta, reteniéndola todavía insuficiente. Las compañías de seguros religiosas, por ejemplo, no resultarían exentas.  Sería posible que las compañías aseguradoras y los simples dependientes estipularan entre ellos los contratos de seguridad que previeran el aborto. En resumen la cosa va aclarada ulteriormente y, afirman los obispos, lo mejor sería revocar estas nuevas disposiciones. Benedetta Cortese